La Corte Constitucional ha emitido la sentencia C-134 el 3 de mayo de 2023, en la cual revisó la constitucionalidad de un proyecto de ley estatutaria que busca modificar la Ley 270 de 1996, la cual se refiere a la administración de justicia y otras disposiciones relacionadas.

Según el comunicado de prensa No. 14 emitido por la Corte Constitucional, se han tomado decisiones en relación con los artículos 63 y 64 del proyecto de ley, los cuales regulan el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, así como los deberes de los sujetos procesales en relación con estas tecnologías.

La Corte considera que en general, estos artículos representan un avance para la justicia, ya que promueven el uso de tecnologías de manera adecuada a las necesidades de grupos vulnerables, protegiendo los datos e información judicial, y respetando el debido proceso, el principio de contradicción y el principio de publicidad en todas las actuaciones judiciales. Sin embargo, se establece una condición en relación con la obligación de que todas las audiencias y diligencias para la práctica de pruebas sean presenciales.

La Corte sostiene que la decisión de realizar pruebas de forma virtual o presencial debe ser dejada al criterio del juez, quien es el director del proceso judicial. Esta interpretación permite asegurar que se aprovechen los avances generados en la justicia mediante el uso de las tecnologías, al mismo tiempo que reconoce la autonomía del juez para dirigir el proceso y considera que no todas las pruebas en todos los procesos judiciales necesitan ser realizadas de manera presencial. Por lo tanto, según la Corte, corresponde al juez determinar la modalidad de la práctica de pruebas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso y la naturaleza del proceso.

No obstante, se establece una única excepción a esta regla para la audiencia del juicio oral en el ámbito penal, la cual deberá ser presencial, a menos que existan motivos de fuerza mayor debidamente justificados ante el juez que permitan la comparecencia virtual. Por ejemplo, esta situación podría presentarse cuando una persona se encuentre gravemente enferma y no pueda desplazarse de su lugar de residencia, cuando existan serias preocupaciones de seguridad que aconsejen evitar el desplazamiento, o en caso de una declaración de emergencia sanitaria que imponga la celebración virtual de todas las actuaciones procesales.

La decisión de la Corte de preservar la presencialidad en la audiencia del juicio oral en materia penal se basa en la protección de garantías fundamentales como la integridad, legalidad, derecho de defensa e inmediación en la valoración de las pruebas y el debate probatorio, aspectos esenciales para la búsqueda de la verdad. Además, la Corte también tuvo en cuenta otros factores que pueden afectar la construcción de la verdad procesal, como los problemas de conectividad que son comunes en algunas áreas del país y que pueden generar interrupciones en la transmisión de audio e imagen.

En resumen, la Corte Constitucional ha declarado constitucionales los artículos 63 y 64 del proyecto de ley estatutaria, estableciendo que la decisión sobre la modalidad (presencial o virtual) de las actuaciones judiciales corresponde al juez, excepto para la audiencia del juicio oral en materia penal, que deberá ser presencial. Esta decisión busca equilibrar el uso de tecnologías en la justicia con la protección de garantías fundamentales y la búsqueda de la verdad en el sistema judicial.

 

Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-123 del 3 de mayo de 2023. Magistrado Ponente: Natalia Ángel Cabo. Referencia: Expediente PE-051.